Balas locas y responsabilidad del Estado

El 24 de junio del 2022 se publicó en el sitio que dirijo, estudiociudadano.cl, el artículo titulado “Una bala loca y la teoría del delito”, del abogado Francisco Rodrigo Vera.

Por Alejandro Pujá Campos,
Director de Estudio Ciudadano.

La columna, que ha tenido una buena acogida, con cientos de visitas acumuladas desde su publicación, se dedica a teorizar sobre las causas y los efectos legales y doctrinales que una bala loca puede generar a la luz de derecho en estado puro. Desde esa perspectiva, la recomiendo especialmente a los estudiantes de Derecho y a todo aquel que, no siendo un hombre o mujer del Derecho, tenga interés en comprender lo que la ley y los pensadores señalan sobre este caso en abstracto.

En esta ocasión, me referiré a otro aspecto no abordado en la columna del abogado Francisco Rodrigo acerca de las, mal llamadas, balas locas.

Y parto con esta precisión, de señalar que son “mal llamadas” balas locas pues, claramente, no se trata de individuos que puedan enloquecer, son cosas que no tienen conciencia ni razón, mal podrían perderla.

El concepto de “bala loca”, al que otros llaman, “bala perdida”, es una creación popular, periodística seguramente, que trata de describir el caso de un proyectil que alguien puso en movimiento.

Dependiendo de quién lo hizo, su intención e incluso la pericia o la falta de pericia, con la que pudo haber manipulado el arma disparada, se desprenderán los efectos más o menos controlados que ese proyectil pueda generar.

Entonces, lo primero que quiero dejar establecido es que las balas, por regla general y a menos que ocurran circunstancias extraordinarias y excepcionales, NO se disparan solas.

Cuando, coloquialmente, hablamos de bala loca o bala perdida, nos estamos refiriendo a un proyectil que ha impactado en alguna persona, a la que no iba dirigida, causando daños de diversa gravedad e incluso la muerte de la víctima.

Demasiadas veces se trata de munición percutada por antisociales, delincuentes, algunos que gozando de la generosidad de nuestro sistema penal y carcelario, debiendo estar presos, gozan de salidas dominicales o libertades anticipadas, por buena conducta.

Otros casos, los menos a mi parecer, son los causados por funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones que, en el ejercicio de su cargo y funciones, en persecución o, más habitualmente, repeliendo algún ataque, han terminado afectando a víctimas inocentes que, tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y el momento equivocado. Por supuesto, que en estos casos, debe agotarse la investigación para establecer la mayor o menor diligencia y profesionalismo con la que estos funcionarios públicos, especialmente autorizados para hacer uso de armas, actuaron en el cumplimiento de su deber, aplicando las sanciones que sean pertinentes si se establece un actuar doloso o negligente.

Descartando estos lamentables casos, me atrevo a aventurar que la gran mayoría de las balas locas o perdidas son generadas por armas en manos de delincuentes que han perdido toda consideración por la vida e integridad física de sus eventuales víctimas; y, también, han perdido el respeto a la ley, la justicia, las instituciones policiales, en fin, al Estado de Derecho.

Asimismo, se han aprovechado de normas débiles, de reglamentos laxos o de leyes que, sencillamente, no se cumplen, para obtener beneficios carcelarios que los dejan en libertad, tiempo que ocupan para cometer nuevos delitos.

La bala loca suele considerarse el resultado del infortunio, un accidente, de la mala suerte. Pero, es mi parecer, que en la gran mayoría de los casos, no son ni accidentes ni mala suerte, sino el resultado de una serie de hechos predecibles y evitables.

Estoy hablando de la salida en libertad de un reo que tiene informes psico sociales que indican que no está apto para la vida en sociedad. Estoy hablando de reos que cumpliendo condenas por delitos graves, como violación y homicidio, son beneficiados permitiéndoles salir a poco de cumplir la mitad de sus condenas, o antes, incluso. Estoy hablando de la debilidad y negligencia de un sistema que no controla las armas ilegales, no las legales, que están en manos de quienes las adquieren en el comercio establecido cumpliendo las normas. Estoy hablando de políticos, legisladores e incluso del actual presidente de la República, Gabriel Boric Font, que con sus conductas, palabras y acciones, de público y notorio conocimiento, alguna vez atacó a quienes deben ejercer el control del orden y la seguridad pública, debilitando a los órganos de control de la delincuencia.

Por tanto, postulo que detrás de una mal llamada bala loca que causa daño y, sin perjuicio de que se pueda individualizar al sujeto que la disparó, las víctimas y sus familiares, también deben interponer acciones legales en contra del Estado de Chile y las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que con su actuar negligente, laxo, incumpliendo normas y reglamentos, han permitido que cualquier delincuente acceda a un arma con la que termina causando estragos en la vida de ciudadanos honrados que no pueden circular tranquilos por el temor de que, en cualquier momento, sin aviso y por un aparente infortunio o mala jugada de la vida, sean la próxima víctima de un sistema donde las autoridades de diversa naturaleza, judiciales, administrativas y especialmente políticas y legislativas, dejaron de hacer su trabajo y, en algunos casos, vergonzosos, han literalmente, atornillado al revés.

Todas estas circunstancias, configuran una responsabilidad legal del Estado, el que debe responder y reparar, de un modo u otro.

¿Qué acciones deben emprenderse en contra del Estado?

Eso hay que analizarlo de acuerdo al mérito del caso particular. No es lo mismo la muerte provocada por un arma manipulada por un niño que se la encontró a su padre, quien la dejó mal guardada y cargada; que la muerte causada por un criminal ebrio o drogado, o ambas cosas, que debiendo estar en la cárcel hace uso de su salida dominical.

Por lo tanto, se debe ser cuidadoso en el examen, preparación e interposición de la acción, querella o demanda que se estime pertinente, para que tampoco se haga perder el tiempo a las familias que ya han sufrido el dolor de la pérdida de un ser querido, generando una falsa expectativa de que obtendrán, a lo menos, alguna forma de reparación.


Imprimir   Correo electrónico

Nosotros

Publicita con nosotros

Acuerdos y convenios

Free Joomla! templates by Engine Templates