El fin de la doctrina Barraza no es el fin de la arbitrariedad

La prensa ha informado que el actual director del Servicio de Impuestos Internos, el economista Hernán Frigolett, ha vuelto a retomar la práctica histórica de presentar querellas contra todos aquellos que resulten responsables de eventuales delitos tributarios de los que tome conocimiento el servicio.

Por Alejandro Pujá Campos,
Director de Estudio Ciudadano.

Posiblemente, a muchos esto no les diga nada. Les explico.

Recordemos que Chile se vio sorprendido por la difusión pública de varios casos de eventual financiamiento irregular de la política, hace ya varios años.

Estamos hablando del caso Penta, el caso SQM y el caso Corpesca que involucraron a empresas, empresarios y políticos de diversos colores. Entre otros delitos, se trata de los casos de las boletas ideológicamente falsas, que eran emitidas para justificar presuntos servicios profesionales cuyos pagos se destinaban a financiar campañas políticas o, derechamente, a pagar obscuros servicios que un político, especialmente en el caso de los parlamentarios, podrían prestar en su labor legislativa, beneficiando a quienes desean que las leyes operen en favor de unos pocos y en desmedro de la nación.

Todo lo anterior, sin perjuicio que este tipo de operaciones también sirven para evadir obligaciones tributarias, como el pago de impuestos.

Por todos estos casos hubo muy pocos sancionados como los empresarios Carlos Alberto Délano Abbott y Carlos Eugenio Lavín, que pagaron multas e hicieron clases de ética; o los parlamentarios Marta Isasi y el senador Jaime Orpis, el más famoso que cumple una condena de presidio.

Cuando el escándalo seguía creciendo y parecía que afectaba a personajes de todo el espectro político, aparece la figura de Fernando Barraza quien fue nombrado como Director del Servicio de Impuestos Internos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y luego ratificado por el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

¿Qué hizo Fernando Barraza?

Sencillo, modificó el texto de las querellas interpuestas por el servicio, limitándolas a perseguir sólo a aquellas personas que fuesen expresamente señaladas en las denuncias y no a otros eventuales responsables que surgieran durante la investigación. Este cambio, de perseguir a todos los que resultasen responsables a hacerlo en forma nominativa, sólo a quienes se dirija la acción, tenía un efecto devastador para la acción de la Fiscalía del Ministerio Público, la que no podía perseguir penalmente a nadie que no estuviese querellado primero por el Servicio de Impuestos Internos.

Esto es una materia legal. En algún momento de la historia, a los legisladores, se les ocurrió que la acción penal del Ministerio Público debía supeditarse a la existencia de una querella del Servicio de Impuestos Internos, con lo cual limitaron la iniciativa del Ministerio Público que, aunque tenga antecedentes de la existencia de un delito tributario, no puede actuar.

Esto no es primera vez que ocurre. En materia de libre competencia, tampoco el Ministerio Público puede perseguir eventuales delitos sin que antes haya una denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano estatal mandatado para perseguir las conductas que afectan la libre competencia.

Sin embargo, en el caso del SII el asunto es peor, dado que el director es un cargo de exclusiva confianza del presidente de la república. Y esta circunstancia ha tenido en el caso que examinamos, un efecto claro y preciso. Ya lo dije, Michelle Bachelet sacó al director Michelle Jorrat del SII y puso a Fernando Barraza.

Recordemos que una de las investigaciones que no prosperó fue la del hijo putativo de Bachelet, el ex ministro Rodrigo Peñailillo, quien habría reunido recursos, mucho antes de la campaña, para procurar apoyos y el regreso de Michelle Bachelet para enfrentar la elección que la llevó nuevamente al poder.

Otro de los beneficiados fue el ex senador Carlos Ominami, padre adoptivo de Marcos Enriquez Ominami, cuya eventual responsabilidad prescribió sin que el SII se querellase.

Pero el nombramiento de Barraza y la puesta en marcha de la “doctrina Barraza” no sólo benefició a políticos de centro izquierda, sino también a otros de la derecha, siendo el caso  más famoso el del decaimiento de la denuncia contra Pablo Longueira, que resultó sobreseido.

Tanto benefició la doctrina Barraza a todo el espectro político que Sebastián Piñera lo ratificó en el cargo al llegar, en su segundo periodo, a La Moneda.

Hoy, se celebra que el actual director del SII, Hernán Frigolett, haya ordenado presentar una veintena de querellas contra todos los que resulten responsables de diversos casos donde el servicio estima hay delitos, con una redacción de las denuncias que permiten al Ministerio Público hacerse parte o iniciar las propias si los estima pertinente, caiga quien caiga.

Sin embargo, esto que parece una buena noticia, sólo depende de la voluntad del gobierno de turno pues, si en una de estas acciones actuales o futuras, se toca a alguien muy involucrado con el poder vigente, créanme que el que corre riesgo de caer, será el director del SII si no obedece las instrucciones de Boric, de quien depende su permanencia en el cargo.

Como saben, no me gusta sólo quedarme en el diagnóstico, suelo ofrecer ideas, soluciones para evitar estas irregularidades, abusos, dirían los más apasionados.

En este caso, mi propuesta más sencilla y eficiente es la de modificar la ley orgánica del SII de manera que sea obligatorio, siempre, que el servicio se querelle, dentro de un determinado plazo, contra todos aquellos respecto de los cuales se tengan antecedentes serios y graves de encontrarse involucrados en un eventual delito tributario. Asimismo, propongo modificar la ley del Ministerio Público para que este organismo siempre pueda interponer querellas cuando tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, haya o no querella del Servicio de Impuestos Internos.

Estas simples modificaciones harían que ambos organismos estuviesen más atentos a actuar ante ilícitos que no sólo han significado un deterioro del patrimonio fiscal, ya que la evasión en Chile bordea el 20%, sino que han permitido una competencia desleal en materia de elecciones y una intromisión indebida, de quienes manejan redes y poder económico, en los procesos legislativos que, por definición, siempre debieran apuntar a obtener las mejores normas y leyes para el bien común, el bien de todos.

Fuentes:

Fin a la “doctrina Barraza”: Director del SII instruye querellas “contra todos los responsables” de delitos fiscales.

Exfiscal Gajardo por fin de la “doctrina Barraza” en el SII: “Salvó a buena parte de la clase política”.

SII pone lápida a “doctrina Barraza”: director instruye querellas “contra todos los responsables” y libera a Fiscalía para perseguir delitos tributarios.

Delitos tributarios: Director del SII instruye querellarse "contra quienes resulten responsables".

La dura acusación de los funcionarios del SII contra Fernando Barraza: cuestionan su “doctrina miope” y denuncian que ha puesto “alfombra roja” a algunas empresas.

Caso Penta: justicia condena a Délano y Lavín a cuatro años de libertad vigilada.

Caso Corpesca: Corte rechaza recursos de nulidad y mantiene la condena a Orpis a 5 años y un día de presidio.


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